En realidad, no se sabe. Hay estimaciones, pero podemos escribir con fundamento, que posiblemente todas pecan por defecto. Un ejemplo bastante elocuente. En España, aunque modesta, ha habido una minería del amianto. Siguiendo una práctica muy corriente entre nuestras empresas mineras (al menos en un pasado más o menos reciente) en Mijas (Málaga), unos 500 puestos de trabajo fueron cubiertos mediante la contratación de destajistas “libres”, que cobraban en función de la cantidad y calidad del asbesto que lograban extraer.

Asbesto peligro

Se les suministraba una mascarilla desechable, el transporte de la fibra, en seco, era neumático, no se hacían reconocimientos médicos periódicos, etc.

La cifra de expuestos laboralmente, ha de ser necesariamente mayor, habida cuenta de que es lógico suponer que debió de producirse una cierta rotación en la composición de la plantilla, habida cuenta del sistema usado para su contratación.

Piénsese en la elevada proporción que tales expuestos laborales suponían, respecto de una población pequeña como la mencionada, antes del boom turístico de la Costa del Sol y de la que procedían los “beneficiados” por esta oportunidad de empleo.

Ni la empresa contratante figuró jamás en el R.E.R.A. (el registro oficial de empresas con presencia de amianto), que se creó mucho después, ni tampoco, que sepamos, estos expuestos laborales han estado jamás inscritos en ningún programa de seguimiento médico post-ocupacional, ni tampoco se han integrado en ninguna cohorte de estudio epidemiológico alguno.

Si la exposición laboral se desarrolló en la década de los años 50 del siglo XX, sin embargo, las patologías asociadas –singularmente, el mesotelioma- por su dilatado tiempo de latencia, han debido de aflorar incluso hasta varias décadas después. No quedan registros colectivos, ni tampoco individuales, como sería el caso de las demandas judiciales interpuestas (porque no las hubo).

Si a todo lo antedicho unimos el hecho, reconocido por la propia Administración Pública, de que el 70% de las empresas legalmente obligadas a ello, han incumplido el requisito de inscripción al R.E.R.A. y que ni siquiera después de sentencia firme, en la que la exposición laboral al amianto quedaba reconocida, la empresa correspondiente se inscribía o era obligada a hacerlo, se comprenderá que el ejemplo aquí presentado no ha constituido, ciertamente, excepción alguna.

Las cifras oficiales de afectación están totalmente desacreditadas, son inverosímiles. No ha sido una sola vez, en la que las cifras oficiales, sucesivamente publicadas, se han tenido que modificar, siempre al alza, en base a la evidencia suministrada por los propios trabajadores afectados, a través de sus sindicatos o de sus asociaciones de víctimas. La rectificación ha consistido, por supuesto, meramente en publicar el nuevo dato, pero sin especificar de dónde procede la causa o la evidencia de esa rectificación, que no es presentada como tal.

En esas condiciones, aquí lo más honesto sería presentar las cifras aportadas por varias de esas estimaciones y que cada cual se despache a su gusto, porque eso es lo que hay: Más de medio siglo después el pico de daños no se ha alcanzado aún.

En el Bufete Almodóvar & Jara revisamos y analizamos jurídicamente casos de afectados por el amianto.